domingo, 4 de septiembre de 2011

INICIATIVA PARA EL RETORNO AL URUGUAY

De acuerdo con cifras que maneja el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cada mes retornan unos 600 uruguayos al país. En algunos casos vuelven con trabajo, con la situación educacional de sus hijos resuelta, y con vivienda ya reservada. Pero más de la mitad de los que retornan se acercan a distintos organismos del Estado para plantear problemas e inquietudes referentes a su inserción en el país.

Actualmente, distintos organismos como el Departamento 20, el Instituto de Empleo y Formación Profesional (Inefop), y otras organizaciones sociales realizan acciones individuales para favorecer la llegada de quienes regresan al país, pero la idea es que haya una coordinación de las acciones.

Por eso en la Rendición de Cuentas se creó la que se denominará Unidad de Coordinación para los uruguayos que retornan al país, que comenzará a funcionar apenas se apruebe el proyecto que se envió el jueves pasado al Parlamento.

El principal objetivo de este grupo será el de planificar medidas que tiendan a facilitar la inclusión de estos ciudadanos nuevamente en Uruguay.

Asimismo, a través de la Unidad se contactará a estas personas con otros ministerios, para que evacuen sus consultas acerca de, por ejemplo, la inserción educacional de sus hijos o la reválida de títulos profesionales y certificados obtenidos en otros países.

La unidad funcionará dentro del Ministerio de Trabajo, con presupuesto y funcionarios de todas las direcciones de ese organismo, que asesorarán a las personas a través de Internet, teléfono y en forma personalizada. Además, estará integrada por un representante del Inefop que articulará también planes de capacitación para las personas que la necesiten.

No hay dudas que se trata de una iniciativa que el país requiere, fundamentalmente como consecuencia de que día a día se conocen noticias de sectores de la actividad que requieren de mano de obra para continuar desarrollándose. Y hay muchos uruguayos en el exterior que bien podrían llenar esas necesidades. Lo único que falta es que el gobierno les indique el camino que deben recorrer para que su retorno sea lo menos traumático posible. Volver al país con un empleo asegurado alienta a quien quiera desandar el camino.

Apostillado de La Haya para Uruguay

Fuente:www.mrree.gub.uy

Cancillería proyecta legalización de documentos para ciudadanos y empresas


El Poder Ejecutivo remitió a consideración de la Asamblea General el proyecto de ley referente al “Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros”, firmado en la ciudad de La Haya.

En países que no son parte del Convenio de la Haya, los documentos públicos emitidos que tendrán efectos jurídicos en otros países, deben seguir un procedimiento en cadena de legalizaciones que involucra la participación de varias autoridades para obtener validez en el extranjero. Lo mismo ocurre con documentos de otras naciones y que deben ser legalizados en el consulado uruguayo más cercano para tener validez ese país.

Con el fin de facilitar la circulación de documentos públicos, en la convención, suscripta el 5 de octubre de 1961, se estableció el sistema de la “Apostilla de la Haya”. Es decir, se reemplazarían las formalidades de la legalización por medio de la emisión de un sello, denominado apostilla.

El trámite consistiría en colocar sobre el documento, título o diploma un apostillado o anotación que certificaría oficialmente la autenticidad del original expedido. La misma debería redactarse en la lengua oficial de la autoridad que la expida y el título “Apostille (Convention de La Haya du 5 octobre 1961)”, debería mencionarse en lengua francesa.

Países como Uruguay se encuentran en desventaja frente a Argentina, Colombia, Ecuador, México, Perú, EEUU, Venezuela, la mayor parte de los europeos y Australia, los cuales vienen intercambiando en forma simplificada documentos en el extranjero.

La propuesta beneficiaría a ciudadanos uruguayos en el exterior en consecuencia a su esfuerzo, tiempo insumido y costo de dinero de la cadena. A su vez, indirectamente facilitaría la inversión extranjera y haría más amigable al Estado frente al ciudadano. Salvo Brasil, Chile y China, todos los demás países con los que se mantiene comercio se encuentran incluidos en el convenio.

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